Las primeras huelgas documentadas
se sitúan en el Antiguo Egipto, durante la construcción de la tumba de Ramsés
III, en el Valle de los Reyes, siglo XII a. C.
En la edad moderna, el nacimiento
de la huelga es paralelo a la Revolución Industrial. En Europa se instaura como
un derecho tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia lo recoge en su
constitución en 1946.
En España, en el siglo XIX, era
un delito tipificado por el Código Penal y no fue hasta la Constitución del 78
cuando se transformó en un derecho del trabajador. En el Art. 28.2: “se reconoce el derecho a la huelga de los
trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio
de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”[1]
No debemos cuestionar un derecho
fundamental que, además, está cimentado en nuestra carta Magna, que ha aportado
beneficios sociales, ha sido parte de la construcción y crecimiento de nuestra
sociedad y que ha formado parte de la defensa de los derechos de los
trabajadores.
En estos momentos, nos
encontramos ante una situación compleja. Los examinadores, funcionarios de la
DGT que cubren el servicio público de examinar a los futuros conductores, están en huelga. Desde hace tiempo, años, se
encuentran negociando con la DGT la mejora de sus condiciones laborales y la
adaptación de su puesto de trabajo a las necesidades actuales del servicio.
Hasta aquí todo está dentro del
plano de la normalidad democrática y de respeto a las decisiones mayoritarias
de un sector como es el de los examinadores.
Si seguimos dimensionando el
problema, obtendremos cuatro puntos de vista que, si bien no tienen porqué ser
divergentes en su totalidad, en la actualidad sí lo son y hacen que la
reivindicación legal de un sector (el de los examinadores) se enfrente con la
opinión y la posición de la DGT, las autoescuelas y los usuarios.
En 2016, España tuvo más de
470.000 nuevos conductores[2]
que, sin duda, representan un gran reto para la organización de la formación
por parte de las autoescuelas y de la propia administración; ésta tiene la
responsabilidad de organizar los exámenes, tanto teóricos como prácticos, en
todo el territorio español y cuenta con más de 160 centros de exámenes y más de
550 examinadores operativos. La responsabilidad y carga de trabajo recae sobre
los funcionarios que se dedican a estas tareas y que, como hemos mencionado, piden
a la DGT mejoras en sus condiciones laborales.
Por otro lado está la DGT, que
entiende la necesidad de la mejora de las condiciones laborales, y así lo
explicitó en su día, pero que no acaba de ponerlas en valor e implementarlas;
ante esta situación, el conflicto ya está servido.
Pero eso no acaba aquí. Como bien
sabemos, las autoescuelas en España son los centros de formación que preparan a
los aspirantes a un nuevo permiso de conducción, a esos usuarios que, tras un
periodo de formación, opta por examinarse para obtener ese permiso tan ansiado.
En definitiva, este es un
conflicto a cuatro bandas que se debe resolver y no únicamente por haber sido
planteado legítimamente por un colectivo que defiende sus intereses, si no
porque afecta a otros colectivos que también tienen legítimos intereses en
juego.
Se habla continuamente de los
accidentes de tráfico, de los muertos en carretera, del permiso por puntos, de
la concienciación, de la mejora de la accidentabilidad, etc. Pero detrás de todos
estos términos hay personas: usuarios, formadores, funcionarios, todos hacen
que este engranaje funcione. Por esta razón, y desde el máximo respeto a todos,
creo que una situación así únicamente aporta debilidad al sistema, sistema que
incluye a los funcionarios, a las autoescuelas y los formadores.
No corresponde a este artículo
analizar el impacto económico y social que esta situación está produciendo,
quizás sea motivo de un análisis posterior. Sin duda, cuando ocurre un
conflicto laboral en cualquier ámbito, se registran impactos económicos con
consecuencias sociales. Los primeros, los
de los propios convocantes de los paros que, de entrada asumen una pérdida de
salario en forma de reivindicaciones. En este caso contamos con otro sector que
sufre un impacto directo de esta situación, las autoescuelas, que están padeciendo
también esas consecuencias económicas y sociales en un sector que arrastra una
situación muy dura desde el inicio de la crisis, allá por 2009.
Esta situación, en la que el diálogo
no es abierto, en la que no existe o únicamente se buscan responsables, es una
situación de resolución de problemas antigua y arcaica, que conlleva
sufrimiento tanto para los examinadores como para las autoescuelas.
Finalmente se debe de poner en
valor el papel de la DGT como garante del servicio público, los exámenes de
conducir. A mi juicio, la DGT debe liderar las soluciones porque es la
responsable final de ofrecer ese servicio y, de no ofrecerse, impacta
negativamente en todo el sistema, en particular en los centros de formación.
Como sociedad, debemos ser capaces
de solucionar los problemas que se nos plantean, debemos exigir soluciones que cubran
las necesidades y las exigencia de todos los afectados. A lo largo de la
historia ha sido así, y deberá seguir siendo así: diálogo, respeto y soluciones
constructivas es lo que se exige para desbloquear una situación que ninguna de
las parte quiere; ese debe ser el inicio de todo, buscar esos puntos de unión
que permitan crecer hacia la solución de un conflicto que va más allá de las
reivindicaciones legítimas de un colectivo.
Manuel Nogales Romero
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