miércoles, julio 12, 2017

Derecho de huelga

Las primeras huelgas documentadas se sitúan en el Antiguo Egipto, durante la construcción de la tumba de Ramsés III, en el Valle de los Reyes, siglo XII a. C.
En la edad moderna, el nacimiento de la huelga es paralelo a la Revolución Industrial. En Europa se instaura como un derecho tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia lo recoge en su constitución en 1946.

En España, en el siglo XIX, era un delito tipificado por el Código Penal y no fue hasta la Constitución del 78 cuando se transformó en un derecho del trabajador. En el Art. 28.2: “se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”[1]

No debemos cuestionar un derecho fundamental que, además, está cimentado en nuestra carta Magna, que ha aportado beneficios sociales, ha sido parte de la construcción y crecimiento de nuestra sociedad y que ha formado parte de la defensa de los derechos de los trabajadores.

En estos momentos, nos encontramos ante una situación compleja. Los examinadores, funcionarios de la DGT que cubren el servicio público de examinar a los futuros conductores,  están en huelga. Desde hace tiempo, años, se encuentran negociando con la DGT la mejora de sus condiciones laborales y la adaptación de su puesto de trabajo a las necesidades actuales del servicio.

Hasta aquí todo está dentro del plano de la normalidad democrática y de respeto a las decisiones mayoritarias de un sector como es el de los examinadores.

Si seguimos dimensionando el problema, obtendremos cuatro puntos de vista que, si bien no tienen porqué ser divergentes en su totalidad, en la actualidad sí lo son y hacen que la reivindicación legal de un sector (el de los examinadores) se enfrente con la opinión y la posición de la DGT, las autoescuelas y  los usuarios.

En 2016, España tuvo más de 470.000 nuevos conductores[2] que, sin duda, representan un gran reto para la organización de la formación por parte de las autoescuelas y de la propia administración; ésta tiene la responsabilidad de organizar los exámenes, tanto teóricos como prácticos, en todo el territorio español y cuenta con más de 160 centros de exámenes y más de 550 examinadores operativos. La responsabilidad y carga de trabajo recae sobre los funcionarios que se dedican a estas tareas y que, como hemos mencionado, piden a la DGT mejoras en sus condiciones laborales.

Por otro lado está la DGT, que entiende la necesidad de la mejora de las condiciones laborales, y así lo explicitó en su día, pero que no acaba de ponerlas en valor e implementarlas; ante esta situación, el conflicto ya está servido.

Pero eso no acaba aquí. Como bien sabemos, las autoescuelas en España son los centros de formación que preparan a los aspirantes a un nuevo permiso de conducción, a esos usuarios que, tras un periodo de formación, opta por examinarse para obtener ese permiso tan ansiado.  

En definitiva, este es un conflicto a cuatro bandas que se debe resolver y no únicamente por haber sido planteado legítimamente por un colectivo que defiende sus intereses, si no porque afecta a otros colectivos que también tienen legítimos intereses en juego.

Se habla continuamente de los accidentes de tráfico, de los muertos en carretera, del permiso por puntos, de la concienciación, de la mejora de la accidentabilidad, etc. Pero detrás de todos estos términos hay personas: usuarios, formadores, funcionarios, todos hacen que este engranaje funcione. Por esta razón, y desde el máximo respeto a todos, creo que una situación así únicamente aporta debilidad al sistema, sistema que incluye a los funcionarios, a las autoescuelas y los formadores.

No corresponde a este artículo analizar el impacto económico y social que esta situación está produciendo, quizás sea motivo de un análisis posterior. Sin duda, cuando ocurre un conflicto laboral en cualquier ámbito, se registran impactos económicos con consecuencias sociales. Los  primeros, los de los propios convocantes de los paros que, de entrada asumen una pérdida de salario en forma de reivindicaciones. En este caso contamos con otro sector que sufre un impacto directo de esta situación, las autoescuelas, que están padeciendo también esas consecuencias económicas y sociales en un sector que arrastra una situación muy dura desde el inicio de la crisis, allá por 2009.

Esta situación, en la que el diálogo no es abierto, en la que no existe o únicamente se buscan responsables, es una situación de resolución de problemas antigua y arcaica, que conlleva sufrimiento tanto para los examinadores como para las autoescuelas.

Finalmente se debe de poner en valor el papel de la DGT como garante del servicio público, los exámenes de conducir. A mi juicio, la DGT debe liderar las soluciones porque es la responsable final de ofrecer ese servicio y, de no ofrecerse, impacta negativamente en todo el sistema, en particular en los centros de formación.

Como sociedad, debemos ser capaces de solucionar los problemas que se nos plantean, debemos exigir soluciones que cubran las necesidades y las exigencia de todos los afectados. A lo largo de la historia ha sido así, y deberá seguir siendo así: diálogo, respeto y soluciones constructivas es lo que se exige para desbloquear una situación que ninguna de las parte quiere; ese debe ser el inicio de todo, buscar esos puntos de unión que permitan crecer hacia la solución de un conflicto que va más allá de las reivindicaciones legítimas de un colectivo.

Manuel Nogales Romero

Twitter: @nogalesmanuel
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[1] Constitución Española 1978
[2] Anuario DGT